El consejo de ministros ha aprobado la remisión a las cortes del Proyecto de Ley de ordenación e integración de la formación profesional, consolidando así una oferta única, flexible y acreditable. Ha sido calificado por Pilar Alegría, ministra de educación y formación profesional, como “Un proyecto de país, transformador y modernizador”, aprovechando la ocasión para agradecer el trabajo de su antecesora Isabel Celaá. El proyecto se ha elaborado gracias a un proceso de diálogo y negociación con la comunidad educativa, empresarios y sindicatos de diferentes comunidades autónomas, lo que permite determinar que profesionales demandaran las empresas.

La ministra ha destacado que la formación profesional esta destinada a estudiantes y trabajadores, ocupados y desempleados, acabando así con el doble modelo que existía anteriormente, dotando al país de un sistema único, flexible y accesible, garantizando a los estudiantes un periodo de formación y otro de prácticas remuneradas. Esta norma regula y aproxima la relación entre formación profesional y universidad, facilitando a los estudiantes la posibilidad de pasar de una a otra y trabajar en proyectos conjuntos.

Las encargadas de adaptar la formación a la realidad empresarial de cada uno de sus territorios serán las Comunidades Autónomas, introduciendo diferentes complementos formativos en vista de sus respectivas necesidades.

Pilar Alegría afirma que el ejecutivo se ha comprometido a poner en marcha 200.000 plazas de FP en los próximos cuatro años, financiando los próximos cursos con fondos provenientes de la memoria económica que lleva anexada dicho proyecto de 5.747 millones de euros, proviniendo 1.550 de los Fondos De Recuperación Y Resiliencia Europeos. Permitiendo así, que tres millones de personas en los próximos años, puedan acreditar sus competencias.

Igualmente, el gobierno ha aprobado remitir a las cortes el Proyecto de Ley de convivencia universitaria derogando así la norma existente de 1954.  Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y Portavoz del gobierno, ha señalado que era necesario actualizar y adaptar el marco constitucional y universitario. Poniendo un mayor enfoque en libertades, derechos y la mediación como vía principal para la resolución de conflictos.

El texto, cuyo anteproyecto fue aprobado en mayo, trata de aproximar la relación entre universidades públicas y privadas, aprobando normas de convivencia que garanticen el respeto a la diversidad, tolerancia e igualdad, eliminando así toda forma de violencia, discriminación y acoso.

Las universidades crearán una comisión de convivencia, integrada por representantes del estudiantado, personal docente y administración, que serán elegidos por el claustro a propuesta de cada uno de los sectores.

Por otro lado, el consejo de ministros ha autorizado conceder una ayuda de 25 millones de euros al grupo Rugui Steel, mediante un préstamo participativo por valor de 13, 5 millones de euros y otro ordinario por 11,5 millones para reforzar la solvencia de empresas afectadas por la pandemia.

De igual manera el gobierno ha aprobado la inversión de 44 millones de euros para proyectos públicos en Galicia, sobre infraestructuras de la variante norte de la N-120, mantenimiento de instalaciones de energía en líneas ferroviarias y en la intervención en los edificios de cuarteles de la Guardia Civil en Ferrol y Ourense.

En relación con lo ocurrido desgraciadamente, Isabel Rodríguez ha condenado la agresión homófoba sufrida por un joven en Madrid, anunciando la comisión de lucha contra los delitos de odio y acelerando a los grupos parlamentarios a la tramitación del proyecto de ley de igualdad de trato y la no discriminación.

Este consejo de ministros finaliza con el polémico problema de la factura de la luz, prometiendo que la factura a final de este año será aproximadamente la misma que en 2018, aumentando igualmente el Salario Mínimo Interprofesional hasta un 60%.