Por Álvaro Muriel.
El aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, el deshielo o las condiciones meteorológicas extremas son, entre otras, algunas de las consecuencias que derivan del cambio climático en el que nos encontramos inmersos. Ante esta situación, han sido diversas las convenciones y legislaciones que han intentado, a nivel global, poner freno a estos efectos devastadores. El Acuerdo de París, acordado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 (COP 21), o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son algunos de los ejemplos de esta regulación a nivel global.
En el ámbito nacional, también se han producido movimientos recientemente para luchar contra este fenómeno. Tras la formación del actual gobierno de coalición, se creó un Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuyos objetivos, entre otros, son los de “la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático, prevención de la contaminación, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad, de los bosques, del mar, agua y energía para la transición a un modelo productivo y social más ecológico”.
A pesar de contar con un ministerio de tal magnitud, desde el gobierno han dado un paso más con la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la cual subraya la emergencia climática en la que se encuentra el mundo y apuesta por una economía para el país basada en un modelo más verde y descarbonizada. Al igual que en los ODS mencionados anteriormente, se establece como año clave el 2030. En dicha fecha, los objetivos que se persiguen son variados como que el 74% de la electricidad se genere con fuentes renovables, como son la eólica o la solar, o que haya una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un 23% respecto a 1990.
