El consejo de ministros ha aprobado un Real Decreto- ley, en el que se incluyen medidas, para reducir un 22% de media la factura mensual de la electricidad. Consiguiendo así que los consumidores a finales de este año paguen el precio promedio equivalente al que pagaron en 2018.

La vicepresidenta tercera y ministra, Teresa Ribera, ha destacado: “El ejecutivo siempre ha intentado conseguir un sistema energético limpio, eficiente, con precios asequibles y que facilite la diversificación y democratización”. Recordando la rebaja del IVA al 10% sobre protección, consumo y eficiencia energética, protegiendo así a los consumidores energéticos más vulnerables.

Teresa Ribera es consciente de la realidad, de los precios récord del mercado eléctrico de la Unión Europea, que son la consecuencia de la cotización de gas natural y dióxido de carbono. Por ello, insiste en que lo único que el gobierno puede hacer, es ocuparse de los parámetros más importantes de la factura eléctrica, quedando fuera del alcance las variables que determinan la evolución del precio de mercado.

El Decreto Ley recoge las medidas a seguir, respetando la Constitución, el marco europeo y la rentabilidad de las empresas, sin perder de vista a los consumidores finales. Igualmente plantea la aminoración de la retribución que están obteniendo las centrales eléctricas, tal y como la ministra ha explicado: “Por cada euro que sube el precio del gas en los mercados internacionales, suben dos euros los precios de la electricidad en el mercado mayorista, y ese precio final del mercado mayorista es el que reciben todas las generadoras de electricidad con independencia de cuales sean sus costes operativos

Teresa Ribera, ha anunciado dos medidas importantes: En primer lugar, el suministro mínimo vital aumentado a 6 meses, que actualmente estaba fijada en 4, la prohibición de cortes en el servicio a los beneficiarios del Bono social eléctrico.

En segundo lugar, se prevé una subida de la factura del gas de un 28% como mínimo, sin embargo, para paliar los efectos, se ha introducido en dicho Decreto Ley, un nuevo mecanismo que reduzca la repercusión del incremento del precio internacional del gas.

Para lograr los objetivos anteriormente expuestos, se ha prolongado la rebaja del 7% del impuesto de producción eléctrica hasta el 31 de diciembre, aminorándose por ello el impuesto especial a la electricidad al 0,5%, e inyectando 900 millones de euros, que son procedentes de la subasta de derechos de emisión comunitarios.

Se adopta un nuevo modelo de fijación de precios de la electricidad, a través de subastas y contratos de compra de energía, en el que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, deberán ofertar un porcentaje de su capacidad de generación, para que las comercializadoras, consumidores e industrias puedan adquirirla. Con el fin de fijar un precio más bajo que el mercado mayorista, tal y como ha apuntado la ministra.

La ministra pretende preservar la protección del medio ambiente, resaltando una medida adicional para proteger los ecosistemas y los territorios con grandes embalses, con el objetivo de que se haga un uso racional del agua. Con ello, se pretende la modificación de la Ley de Aguas, estableciendo unos umbrales en los caudales, para que las compañías hidroeléctricas puedan turbinar.

El gobierno solicitará al Congreso De Los Diputados la creación urgente de dos proyectos de ley, para regular el sector eléctrico, por los que se creará el Fondo Nacional De Sostenibilidad Del Sistema y, en segundo lugar, para actuar sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. Justificando su urgencia en que estas dos medidas, representarían la reducción de un 13% de la factura eléctrica.

La ministra de política territorial y portavoz del ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el gobierno ha aprobado la inversión de 125 millones de euros, para mejorar la movilidad sostenible en estructuras ferroviarias. En Cataluña el objetivo de desarrollar el corredor del mediterráneo en tres tramos. En Andalucía para mejorar el tramo Córdoba- Sevilla, y San pablo- Almoraima, de la línea Bobadilla-Algeciras

El consejo de ministros ha autorizado la convocatoria de subvenciones del plan de modernización de la máquina herramienta de las pequeñas y medianas empresas en el año 2021, de 50 millones de euros. Con el objetivo de reactivar el sector industrial, el cual se ha visto perjudicado por la crisis del COVID-19.

Por otro lado, se ha aprobado la ampliación del convenio entre el Gobierno De España, Gobierno De Aragón Y Universidad De Zaragoza, en el que se establece la financiación de 11 millones de euros para el del laboratorio subterráneo de Canfranc hasta el año 2021. Con ello, se pretende mostrar el compromiso del ejecutivo con la ciencia, innovación, los investigadores y las empresas innovadoras.

Respecto del sector ganadero, el gobierno ha aprobado un Real Decreto estableciendo así las bases reguladoras de las subvenciones estatales, destinadas a criadores nacionales, para mejorar la conservación y promover el fomento de las razas granaderas. De las 189 razas que se encuentran inscritas en el Catalogo Oficial de Razas de Ganado, 140 están en peligro de extinción, por ello se pretenden adoptar medidas para que el patrimonio genético no se vea reducido.

Respecto de las ayudas directas a autónomos y empresas con problemas económicos y perdidas contables durante la crisis del COVID-19, el Consejo De ministros ha ampliado 4 meses, hasta el 30 de septiembre, el plazo de cobertura. Con este aumento, se permitirá que las comunidades autónomas puedan gestionar dichas ayudas en sus territorios, con el objetivo de que se pueda llegar a todo el territorio, consiguiendo así la recuperación económica.

Comparte esto: