El consejo de ministros aprueba aumentar el Salario Mínimo Interprofesional, en la cuantía de 15 euros a partir de 1 de enero de 2022, llegando a los 965 euros. Siguiendo así con el criterio que se estableció en 2019 con la primera subida de un 22,3%

Con el fin de que, en 2023, a final de la legislatura el SMI alcance el 60% del salario medio en España. Cumpliendo así con la Carta Social Europea.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha asegurado que, con la subida del SMI, se ha reducido la brecha de género, ya que los jóvenes y mujeres que son los perfiles asalariados más bajos han visto una mejora en sus rentas.

La ministra muestra su compromiso a que el gobierno salga de la crisis subiendo los salarios, comparándola con la crisis económica anterior, que por el contrario se bajaron. Sin embargo, para que se logre una recuperación justa, se tiene que contar con el compromiso social de los trabajadores. Es por ello por lo que se trabajará para lograr que la Directiva Europea, que actualmente se está negociando, salga adelante.

Igualmente, tras el acuerdo alcanzado ayer con las organizaciones sindicales y patronales, el gobierno acuerda la prorroga de los beneficios de los ERTEs hasta el 28 de febrero de 2022, aprobando el Real Decreto-Ley, para la defensa del empleo y la reactivación económica y para la protección de los trabajadores autónomos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirma que es el sexto Real Decreto aprobado desde el inicio de la pandemia para proteger el empleo. Es consecuencia de ello, por lo que se han recuperado nos niveles de empleo previos a la crisis.

Por un lado, se prorrogan los ERTE en su modalidad actual hasta 31 de octubre, y, por otro lado, se contemplan nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre para mejorar la empleabilidad de los trabajadores y disminuir el desempleo.

Yolanda Diaz, asegura que todo ello, permitirá mejorar la cualificación de los trabajadores y dar respuesta a las necesidades derivadas de cambio de modelo productivo, la transformación digital, tecnológica y de transición justa. Todo ello anticipará el resultado final de la reforma estructural del mercado de trabajo que actualmente se está definiendo y culminará antes del 31 de diciembre, por la Mesa de Dialogo Social

Otro mecanismo de ayuda es exonerar a las empresas hasta un 80% en las cuotas a la Seguridad Social si realizan acciones formativas.

Tal y como ha explicado la ministra, las empresas que hoy se sujeten a este Real Decreto, tendrán que acogerse al nuevo articulo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que ya quedará con carácter estructural.

En comparación con los ERTE de impedimento, vinculados a las limitaciones de actividad se mantendrán y podrán solicitarse por restricciones administrativas con vinculación al COVID-19. De igual manera se prorrogará hasta diciembre de 2022 que lo cobrado durante el ERTE no restará a lo acumulado en la prestación por desempleo.

Respecto lo ocurrido en La Palma, habrá un ERTE específico para las empresas afectadas por la erupción del volcán, el porcentaje de exoneración será del 100% y del 90% para el caso de limitación de actividad. Yolanda Diaz establece su vigencia hasta el 28 de febrero, con posibilidad de prórroga. Se aprueba igualmente un plan de empleo y formación especifico.

Respecto de los trabajadores fijos- discontinuos del sector turístico, podrán acceder a una prestación extraordinaria, especialmente en Baleares, ya que como la temporada turística ha seguido este año afectada por la pandemia, no ha permitido obtener a muchos trabajadores el tiempo de cotización suficiente para acceder a prestaciones y mecanismos de protección.

Respecto de los autónomos, el Ejecutivo protege la caída de los ingresos, las situaciones de impedimento y limitación, como ha resaltado José Luis Escrivá, “Se posibilitará una transición suave a su activación final, manteniendo las exoneraciones a las cuotas a la Seguridad social con un perfil decreciente en el tiempo hasta el mes de enero”.

Por lo que se mantendrán las cuatro modalidades de protección existentes para los autónomos con ingresos bajos, ya que todavía no pueden desarrollar su actividad con normalidad.

Para aquellos autónomos que, como consecuencia de la erupción del volcán, se vean afectados en su actividad, no necesitaran cumplir el requisito mínimo de periodo de cotización de 12 meses para acogerse a la medida.

Por otro lado, el gobierno ha aprobado un Real Decreto, que regula los problemas de empleo, sobre el que se desarrollan las Políticas Activas de empleo en todo el estado y en las comunidades autónomas, según su ámbito de competencia, para adecuar las particularidades de cada territorio y adaptar las necesidades del mercado laboral.

Las novedades que se incluyen son medidas dirigidas a los mayores de 45 años o jóvenes, que el mercado expulsa por motivos de edad, por lo que para ello se fomentará el retorno de los jóvenes españoles en el extranjero, movilidad geográfica interna y programas para personas con discapacidad y víctimas de violencia de genero.

Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial Y Portavoz Del Gobierno, asegura el compromiso del gobierno a ayudar a la Isla de La Palma. Por ello se esta trabajando en un Plan de reconstrucción, en el que se reconoce la declaración como zona afectada gravemente por una zona de protección civil. Gracias a esta declaración se permitirá a todos los ministerios activar distintas ayudas para atender a la emergencia que se está viviendo.

Otra medida del plan de reconstrucción es una ayuda directa del estado al Gobierno de Canarias de 10,5 millones de euros para atender a necesidades de personas que han perdido su hogar y para la adquisición de enseres de primera necesidad. Igualmente, el gobierno creará comisiones para garantizar el seguimiento y agilidad de las ayudas.  A estas, se irán sumando iniciativas, con el fin de reconstruir la isla.

Se ha aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria, para el periodo 2022-2026, con el fin de garantizar la accesibilidad de la red de aeropuertos, competitividad entre las tarifas aeroportuarias, estabilidad a las compañías aéreas y usuarios, sostenibilidad ambiental, innovación y en la recuperación del tráfico aéreo. Estableciendo así una inversión de 2.250 millones de euros, con el objetivo de recuperar el transporte aéreo.

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