El gobierno aprobará esta semana un Real Decreto-Ley con medidas para hacer frente a los daños causados por la erupción volcánica de La Palma, por importe de casi 214 millones de euros.  Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las cortes y Memoria democrática incide en la importancia y en la prioridad para el gobierno de la reconstrucción de La Palma, celeridad de las ayudas y paliar los daños.

Las ayudas están encaminadas a cubrir daños en viviendas locales y el entorno productivo. De este entorno productivo, se destinarán 20,3 millones de euros al sector agrario y pesquero para regadíos y caminos rurales. Se contempla la permuta de fincas que han sido afectadas, por otras de titularidad pública, para poder reubicar las explotaciones agroalimentarias. Se destinarán 22 millones de euros, a la reparación de las infraestructuras y al apoyo del Cabildo insular, para restablecer la red de carreteras. Se prevén fondos para los espacios naturales, reserva de la Biosfera, Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y la investigación del volcán, papel importante, especialmente su prevención.

En el ámbito laboral, se establece un plan extraordinario de formación y empleo, de 63 millones de euros, la posibilidad del rescate anticipado de planes y fondos de pensiones, no se acarrearan intereses en caso de que se produzca la moratoria en el pago de las cotizaciones devengadas entre octubre y enero.

En el ámbito fiscal, se incluye la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 2021 de establecimientos dañados por la lava, reducción de cuotas del Impuesto de Actividades Económicas, posibilidad de aplazamiento de las deudas tributarias, bonificación extraordinaria en el sistema de incentivos regionales para potenciar las inversiones empresariales. Para los autónomos y empresas, se permite la posibilidad de suspender temporalmente los contratos de suministro de electricidad y resolver los contratos de las instalaciones que han sido destruidas.

El ministro, garantiza un trabajo constante y coordinado del gobierno con todas las administraciones publicas y presume de la colaboración entre el Gobierno De España, de Canarias, Cabildo De La Palma y Ayuntamientos.

Se han regulado programas de ayuda en rehabilitación residencial y construcción de vivienda social del Plan De Recuperación Transformación Y Resiliencia, aumentando las financiaciones iniciales que fueron dotadas con 4.420 millones de euros, contemplando la construcción de 20.000 viviendas públicas para alquiler social.

Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y Portavoz Del Gobierno, acuerda medidas que acogen la posibilidad de rehabilitar barrios completos. Se subvencionará hasta el 80% de las actuaciones, excepto en casos de vulnerabilidad que se subvencionará el 100%.

De todas las medidas que se aprueban por parte del consejo de ministros, se impulsa la rehabilitación edificatoria en el contexto del PRTR, introduciendo en primer lugar, la deducción de hasta el 60% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas, facilitar la eficiencia de los edificios y la creación por parte de ICO, (Instituto de crédito oficial),  de una línea de avales de hasta 1.100  millones de euros para mejorar el acceso a la financiación. Todo ello con la finalidad de emancipación de los jóvenes, aumentando su empleabilidad formación y el salario mínimo interprofesional. Mejorará igualmente la modernización de las infraestructuras y la recualificación de los profesionales de la construcción.

Félix Bolaños afirma que la futura ley de viviendas será la primera ley estatal en garantizar el derecho a un hogar digno, dando facilidades a los colectivos más vulnerables y a los jóvenes que tienen dificultades para emanciparse, reduciendo los precios de alquiler e incrementando el parque público de vivienda. Todas las viviendas que se construyan, un 15% se destinaran a la vivienda protegida y otro 15% para alquiler social.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno, afirma para los presupuestos generales del estado para 2022, incluirán un bono de 250 euros mensuales destinados a jóvenes de entre 18 y 35 años con niveles de renta bajos para ayudas en el alquiler.

Por otro lado, el gobierno transfiere 500 millones de euros a las comunidades autónomas para proyectos de digitalización y conectividad, para asegurar el acceso a la conectividad a través de la banda ancha y conocimientos digitales. Se transfieren 360 millones de euros, de esos 500 millones, para impulsar la conectividad digital en hospitales, centros educativos, polígonos industriales. La cuantía restante se destinará a la formación a los colectivos en riesgo de exclusión social y la lucha contra la brecha digital de género.

Se destinan 10,2 millones de euros para subvenciones excepcionales directas a salas de exposición cinematográfica, para paliar los efectos que se han sufrido como consecuencia de la crisis del COVID. Se aprueba una declaración institucional que establece el día 6 de octubre como día del cine español, potenciando la industria cinematográfica española y la defensa del patrimonio cinematográfico y audiovisual.

El consejo de ministros ha autorizado un ayuda de 214 millones de euros para el grupo Hotusa, es uno de los principales grupos hoteleros de España, destinando dicha ayuda a cubrir gastos de nóminas, costes de seguridad social, impuestos, garantizando así la liquidez del grupo.

El ministro anuncia que el próximo 7 de octubre, se celebrara un consejo de ministros extraordinario para aprobar la remisión a las cortes del proyecto de ley de presupuestos generales del estado, para que estén aprobados antes del 31 de diciembre y el 1 de enero de 2022 entren en vigor. Estos presupuestos son absolutamente imprescindibles para la recuperación después de la pandemia, es fundamental que llegue a todo el país e impulse la actividad económica de una manera sólida, potente y fuerte. Se incluirán 25.000 millones de euros de fondos europeos, contribuyendo así a fortalecer la sostenibilidad de la economía.

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