Este martes 4 de mayo se aprueba por el Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto, el cual contiene una serie de medidas para regular la crisis sanitaria, económica y social provocada por el COVID-19. Además, se deja en manos de las autonomías y del Tribunal Supremo la última palabra sobre las restricciones que se adopten a partir del 9 de mayo, momento en el que finaliza el estado de alarma.

Entre las medidas sociales, se contempla, por ejemplo, que el plazo actual de garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores que se encuentran en situación más vulnerable y el bono social a sus perceptores se prorroga hasta el 9 de agosto. También se mantendrá hasta esa fecha la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, o la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables económicamente y socialmente de su vivienda habitual.

Entre las medidas sanitarias, se prevé el control de los pasajeros que llegan a los puertos y aeropuertos españoles, para detectar presencia de casos importados de COVID-19, así como la prórroga de la posibilidad de contar con profesionales sanitarios jubilados durante la pandemia.

En relación con la adopción de medidas de protección por parte de las Comunidades Autónomas, éstas ‘’podrán justificar, argumentar y proponer a los tribunales situaciones como el toque de queda y cualquier circunstancia que limite derechos fundamentales, pero están sometidas a las garantías jurisdiccionales». Por tanto, las comunidades podrán proponer medidas de control, pero deberán contar con la autorización o ratificación judicial correspondiente de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional, pudiendo acudir en última instancia al Tribunal Supremo.

Finalmente, el Ejecutivo también se ha pronunciado sobre la situación de la pandemia, señalando que «la campaña de vacunación realmente está obteniendo buenos resultados», así como sobre otros asuntos de diversa índole, como por ejemplo la prórroga del acuerdo por el que se limitan los vuelos entre Brasil y Sudáfrica y los aeropuertos españoles, o la posibilidad que la Unión Europea está estudiando de que los ciudadanos que tengan completada la pauta de vacunación puedan circular libremente por su territorio a través de un certificado de vacunación digital.