El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual con el fin de avanzar en la protección del derecho a la libertad sexual de las mujeres y erradicar todas las violencias sexuales.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, ha señalado que esta futura ley sitúa a España a la vanguardia en la protección de las mujeres, los niños y las niñas. Esta ley se encuadra en el compromiso del Ejecutivo de coalición feminista y progresista a fin de ampliar los derechos y conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

El texto de la ley pone el centro de atención en el consentimiento de la mujer como aspecto fundamental, sosteniendo que “solo sí es sí”, en el sentido de que el silencio, la pasividad o falta de oposición, no implica consentimiento. Esto es, solo la aceptación de la víctima valdrá para entender que, efectivamente, la persona ha consentido.

La propia ministra ha recalcado lo siguiente: Tenemos que transformar la cultura sexual poniendo ese consentimiento en el centro de nuestra mirada y la cuestión que queremos transmitir desde el Gobierno es muy clara: si tú no quieres no tienes que participar en ningún acto sexual”. María Jesús Montero ha explicado que la norma distingue entre “abuso” y “agresión sexual”, considerando agresión sexual toda conducta sexual realizada sin consentimiento.

 

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, cuyo objetivo es que la tasa de temporalidad se sitúe por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones públicas.

El artículo 10 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en adelante “TREBEP”, será reformado para determinar solo cuatro modalidades permitidas para su nombramiento: cubrir plazas vacantes que no puedan ser ocupadas por funcionarios de carrera, con una duración máxima de tres años; sustituir transitoriamente a los funcionarios titulares de las plazas por el tiempo estrictamente necesario; ejecutar programas de carácter temporal con tres años de duración, ampliables por doce meses más en función de los casos, y finalmente, por exceso o acumulación de tareas con un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho meses.

Asimismo, la reunión trató los siguientes temas: análisis del Anteproyecto de ley para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público; audiencia pública para la Ley de Startups a través del Anteproyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes; ampliación de dosis de la vacuna de moderna contra la COVID-19; acordada la distribución territorial de 687 millones de euros entre las comunidades autónomas para el Plan Nacional de Competencias Digitales y las nuevas políticas públicas para el mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.

Además, también fue autorizada  la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para convocar subvenciones para proyectos de desarrollo y educación de ONG en otros países y, por último, aprobación de la distribución de 511 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para conservación y restauración de ecosistemas, su biodiversidad y la preservación del espacio litoral y los recursos hídricos.

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