En la reunión extraordinaria del consejo de ministros realizada día 7 de octubre se aprueban los Presupuestos Generales del estado para el año 2022.

Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno los señala como la principal herramienta para lograr una recuperación justa. Contribuirán en convertir a España en un país mas productivo, sostenible y competitivo, garantizando que la mejora económica llegue a toda la población, ya que contaran con mejores servicios públicos y también supondrá una ganancia para autónomos y pymes, tal y como afirma María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública.

Entre estos presupuestos, se encuentra incluida una ayuda directa de 250 euros para facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda, para facilitar su emancipación y el bono cultural joven de 400 euros, para acercar la cultura a las nuevas generaciones.

Se aumentan las becas destinando una cuantía de 2.199 millones, con la finalidad, entre otras muchas, para ayudar a los aspirantes a juez, fiscal, abogado del estado o letrado de la Administración de Justicia.

María Jesús Montero, por su parte recuerda que las reglas fiscales siguen suspendidas por las autoridades europeas, pero aun así existe bastante consenso para que se mantengan las políticas de estímulo.

Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, apunta que el próximo año se mejorara en recaudación fiscal aumentando los ingresos tributarios un 8,1%, gracias al crecimiento de la económica que se prevé. Todo ello siendo compatible con las medidas para combatir el aumento del precio de la electricidad.

El ejecutivo se compromete a aprobar una reforma tributaria global, contemplando el tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre Sociedades, medida la cual seguirán 130 países, situando a España “En la vanguardia de la fiscalidad internacional”

El límite de gasto no financiero en los presupuestos para el próximo año se sitúa en 196.142 millones de euros. Se incrementan los gastos de personal un 2% en la retribución de los empleados públicos, 1.465 millones para vacunas contra la COVID y se aumenta la inversión pública un 8,6%. Se aumenta igualmente un 3,8% el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinando nueve de cada diez euros a la inversión, oportunidad que España no puede desaprovechar.

Sin embargo disminuye el gasto dirigido a pagar intereses de la deuda, gracias al crecimiento de las finanzas públicas.

Se destinan 240.375 millones para el gasto social, por su parte aumentando las pensiones un 4,8%, las pensiones no contributivas y el IMV aumentaran en un 3%. El bono social térmico se sitúa en un 44%, se financiará la nueva ley de protección integral a la infancia y adolescencia, para prever la violencia de género y la pobreza infantil. Se impulsa igualmente la formación profesional, acceso a la vivienda, fomento de la edificación y las políticas contra la despoblación.

Sin embargo el ejecutivo, se compromete a reducir el déficit y la deuda pública, reduciendo el producto interior bruto a un 115,1%. Explicando que el aumento del déficit en gran parte viene como consecuencia de ayudar al ciudadano durante la pandemia, pero esto también les ha permitido sentar las bases para una recuperación justa y estable.

Se anuncia la gran importancia de la futura ley de vivienda que se aprobara por el consejo de ministros de forma inminente para conseguir la transformación y modernización del sector de la construcción, asegurando el derecho constitucional a la vivienda, garantizando así a los jóvenes cuyo salario no les permitan tener o alquilar una vivienda, acceder a ella para poder emanciparse. Se ha acordado por parte del gobierno la inversión de 4.420 millones de euros para rehabilitar y promocionar la vivienda y alquiler social, aparte, esta medida conllevaría la generación de empleo para 180.000 personas.