Por Álvaro Muriel.
El aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, el deshielo o las condiciones meteorológicas extremas son, entre otras, algunas de las consecuencias que derivan del cambio climático en el que nos encontramos inmersos. Ante esta situación, han sido diversas las convenciones y legislaciones que han intentado, a nivel global, poner freno a estos efectos devastadores. El Acuerdo de París, acordado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 (COP 21), o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son algunos de los ejemplos de esta regulación a nivel global.
En el ámbito nacional, también se han producido movimientos recientemente para luchar contra este fenómeno. Tras la formación del actual gobierno de coalición, se creó un Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuyos objetivos, entre otros, son los de “la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático, prevención de la contaminación, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad, de los bosques, del mar, agua y energía para la transición a un modelo productivo y social más ecológico”.
A pesar de contar con un ministerio de tal magnitud, desde el gobierno han dado un paso más con la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la cual subraya la emergencia climática en la que se encuentra el mundo y apuesta por una economía para el país basada en un modelo más verde y descarbonizada. Al igual que en los ODS mencionados anteriormente, se establece como año clave el 2030. En dicha fecha, los objetivos que se persiguen son variados como que el 74% de la electricidad se genere con fuentes renovables, como son la eólica o la solar, o que haya una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un 23% respecto a 1990.
Junto a estos objetivos para el 2030, hay que destacar algunos de los puntos clave de este nuevo texto:
- Fomento de los coches eléctricos, ya que en esta ley aboga por la reducción de las emisiones de los coches hasta que en 2040 sean de 0 emisiones, año en el que dejarán de comercializarse coches de combustión.
- El rechazo al fracking (técnica para posibilitar la extracción de gas y petróleo del subsuelo), abogando así por las energías renovables
- El fomento de ciudades más verdes, según el cual se establece la obligación de crear zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes para 2023 y la protección de la biodiversidad
- Potenciar los transportes y desplazamientos acorde a una movilidad sostenible, haciendo hincapié en el uso del ferrocarril para reducir emisiones.
Esta ley creada por el gobierno fue presentada en el Congreso de los Diputados con el objetivo de ser aprobada. En este punto fue cuando comenzó el debate sobre la necesidad o no de esta ley. Esta disparidad de criterios se pudo ver reflejada en la votación en la que finalmente fue aprobada esta nueva ley: 22 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Ciudadanos, PNV y Teruel existe), cinco en contra (Vox) y diez abstenciones (PP y Más País).
A pesar de los objetivos que persigue, avalados por las altas instancias europeas, tanto la Comisión Europea como la OCDE remarcan la necesidad de establecer medidas fiscales para desincentivar las actividades económicas menos limpias, así como para impulsar la reforma fiscal verde.
Con toda esta variedad de medidas que adopta esta nueva ley, España da un paso importante para la protección del planeta para cumplir así con uno de los objetivos a nivel global: la salvaguarda del planeta para que las generaciones futuras tengan la misma igualdad de oportunidades en materia ambiental que las que tenemos actualmente.